Obligaciones en Seguridad y Vigilancia en Propiedad Horizontal
La seguridad y la vigilancia en una propiedad horizontal no son solo un servicio adicional, sino un deber legal y una necesidad para garantizar la convivencia pacífica y la protección de bienes y personas. La Ley 675 de 2001 establece lineamientos claros que deben cumplir las copropiedades, buscando siempre un equilibrio entre la tranquilidad de los residentes y el cumplimiento normativo.
Responsabilidad de la Administración
El administrador es la figura encargada de velar por la correcta implementación de las medidas de seguridad. Según la Ley, debe garantizar que existan protocolos adecuados para el control de accesos, la vigilancia de zonas comunes y la prevención de riesgos. Esto incluye la contratación de personal idóneo y, en muchos casos, la implementación de sistemas tecnológicos como cámaras y alarmas.
Función del Consejo de Administración
El consejo de administración tiene la obligación de aprobar y supervisar las políticas de seguridad. Su rol es estratégico, pues define el presupuesto destinado a vigilancia y asegura que las decisiones se ajusten a las necesidades reales de la comunidad. Además, debe evaluar periódicamente la efectividad de las medidas adoptadas.
Deber de los Copropietarios
La Ley 675 también señala que los copropietarios deben colaborar activamente en el cumplimiento de las normas de seguridad. Esto implica respetar los protocolos de ingreso, no obstaculizar la labor del personal de vigilancia y participar en las decisiones colectivas que fortalezcan la seguridad del conjunto o edificio.
Medidas Preventivas
La seguridad no se limita a la vigilancia física. La Ley promueve la adopción de medidas preventivas como planes de emergencia, brigadas de evacuación y señalización adecuada en zonas comunes. Estas acciones buscan minimizar riesgos frente a incendios, desastres naturales o cualquier situación que pueda afectar la integridad de los residentes.
Importancia de la Vigilancia
La vigilancia, más allá de cumplir con la norma, genera confianza y bienestar. Un sistema de seguridad bien estructurado protege el patrimonio, previene delitos y fortalece la convivencia. La Ley 675 de 2001 recuerda que la seguridad es un compromiso compartido, donde administración, consejo y copropietarios deben trabajar de manera conjunta.